Fundaciones, Rescatistas y Sociedad Civil exigen más beligerancia Contra el Maltrato Animal

Nuestro país, enfrenta en estos momentos una grave e indudable crisis, en el tema de la tenencia responsable de mascotas y la falta de aplicación de los instrumentos legales y administrativos por parte de las Autoridades, quienes no ven como importante sancionar el incumplimiento.  Una gran parte de la población no les provee a sus mascotas las necesidades más vitales. Los animales que viven en la calle, son diariamente maltratados ante la mirada impávida de la gente.

La República de Panamá, es signataria de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la cual fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); proclamada el 15 de octubre de 1978.

Igualmente se dictó la Ley No.70 de 12 de octubre de 2012 (G.O. 27145-A) y la Ley No.70 de 2017 que modificó el artículo 421 del Código Penal de la República de Panamá, aumentando las penas por maltrato animal.

La Ley No.70 de 2012, en su artículo 22 dispone que el Órgano Ejecutivo reglamentara la Ley a los 180 días de su entrada en vigencia, hecho que hasta ahora después de casi 7 años después no ha ocurrido. Vemos un avance en el tema con las modificaciones realizadas este año con la Ley 182 del 2020, que modifica la Ley 70 del 2012 que ya fue aprobada en 3er debate, pero que el presidente Laurentino Cortizo no ha aprobado aún.

Nosotros rescatistas independientes y ONG, estamos alarmados por el incremento en casos de maltrato animal en donde se evidencia un alto grado de insensibilización, crueldad y sufrimiento.

Lo más peligroso en un Estado de Derecho es que las autoridades, llámense Jueces de Paz, DIJ, Policía Nacional, no cuenten con la capacitación, los recursos y demás elementos que se deben tener para así poder hacer frente a la gran cantidad de denuncias realizadas no se establece el debido proceso y no se lleva a las instancias que corresponde.

En nuestra ardua y triste tarea, hemos detectado áreas en donde los animales domésticos, por ejemplo, los perros se mantienen amarrados bajo las inclemencias del tiempo, sin agua y sin alimento.  Perros abandonados en casas, dejándolos a morir lentamente de hambre sin saber los maltratadores que existe una ley que penaliza estos actos.

Cada una de las fundaciones, asociaciones, grupos y rescatistas independientes que por año hemos tratado de afrontar esta gran problemática, vemos que al año 2020 siga la misma situación habiendo una Ley que cumple con todas las regulaciones para que el maltrato y todas las situaciones que enfrentamos tratando de salvar sus vidas sigamos sin colaboración para los rescates, asistencia veterinaria, esterilizaciones, cuidados hasta llegar a la adopción.

Adicional a la Ley 70, se ha aprobado en tercer debate la Ley 39 la cual crea el Programa de Bienestar Animal en todo el territorio nacional y en la cual se establece la formación del departamento en cada Distrito del país, cómo debe estar compuesto, quienes deben formar parte, cuáles son los requisitos para ser encargado del departamento, inspectores y voluntarios y lo más relevante es la red de hogares temporales a nivel nacional, como serán escogidos para poder ayudar a tantos animalitos que salen del maltrato o situación de calle. Hay tanto por hacer, pero solo nos falta la voluntad de las autoridades para que estos proyectos sean una realidad.

Es importante resaltar, que las rescatistas independientes y las ONG, realizan una misión casi imposible pero que se hace con mucha dificultad, ya que no contamos con el apoyo del Gobierno ni del Estado.

En referencia a las denuncias interpuestas o que se pretenden interponer, las rescatistas, se enfrentan al rechazo y al poco interés de las autoridades, el proceso es desgastante, y lastimosamente no hay una reglamentación al respecto, que le indique al funcionario el procedimiento a seguir, haciendo infructuosa la diligencia.

Se logran presentar sí, pero el maltratador no se logra sancionar o varias denuncias sin atender por falta de voluntad del funcionario.

Es por todo lo arriba explicado, que solicitamos sus buenos oficios a fin de que:

  1. Se reconozcan los llamados hogares temporales para animales rescatados, mismos que estarán registrados en el municipio que corresponda. Los hogares temporales tienen como función principal dar acogida por tiempo definido de un animal rescatado de la calle o producto de una denuncia, ya está establecido en la Ley No. 39 pero falta la sanción de la misma por el Presidente.
  2. Que cada Municipio dará el beneficio de atención veterinaria y esterilización gratuita a los animales que estén bajo la figura de hogar temporal, además programar cada 6 meses jornadas de adopción para promover la inserción de estos animales a familias responsables.
  3. Que se reconozca el documento denominado Acuerdo de Adopción, este documento vincula legalmente a quien adopta a un animal y lo responsabiliza del cumplimiento de esta Ley.
  4. Que la Autoridad de Transporte Terrestre velará porque los animales que sean transportados por vía terrestre lo hagan de manera segura y sin sufrimiento.
  5. Que quien desee realizar la actividad comercial de criadero deberá estar registrado en el municipio que le corresponde, y cumplir con las disposiciones de la Ley, y estará sujeto al pago de una tasa que fijara cada municipio.
  6. Que las autoridades municipales conozcan y puedan multar la mala tenencia de mascotas, no solo dejar esta labor a los jueces de paz.
  7. Instaurar el trabajo comunitario provisto a las ONG y grupos de rescate animal existentes y los futuros o a las Fundaciones debidamente formadas, quienes emitirán un informe de cumplimiento de estos trabajos, ya está establecido en la Modificación de la Ley 70 solo falta que en verdad la ejecuten.
  8. Por último y no menos importante que las autoridades competentes atiendan y sancionen el Maltrato Animal en Panamá, caminando día a día y viendo los casos que a diario se presentan y dar a conocer los resultados que han obtenido en estos siete (7) meses de gestión.

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